Según lo establecido en el artículo 20 del Decreto Ley N° 3.538, al Consejo de la Comisión le corresponden las siguientes facultades:
1. Ejercer las atribuciones y cumplir las funciones que la ley le encomiende a la Comisión.
2. Establecer políticas de planificación, organización, dirección, supervisión, coordinación y control del funcionamiento de la Comisión, así como las de administración, adquisición y enajenación de bienes, excepto aquellos inmuebles cuya adquisición o enajenación requiera la aprobación del Ministro de Hacienda.
3. Dictar normas de carácter general, circulares, oficios circulares y otras resoluciones que se requieran. La normativa que se imparta deberá contener los fundamentos que hagan necesaria su dictación, incluyendo una definición adecuada del problema que se pretende abordar, la justificación de la intervención regulatoria, la evaluación del impacto de dicha regulación, así como aquellos estudios o informes en que se apoye, en los casos que corresponda o sea posible. Dicha normativa deberá ser objeto de una consulta pública. Con dicho propósito, antes de la dictación de ésta, se dará a conocer el proyecto de norma en la página web de la Comisión, disponiéndose los mecanismos necesarios para que los interesados puedan formular observaciones a éste.
La Comisión, por resolución fundada, podrá excluir de los trámites contemplados en el párrafo anterior aquella normativa que, atendida su urgencia, requiera de aplicación inmediata. Con todo, en dichos casos una vez que se haya dictado la norma, la Comisión deberá elaborar el informe de evaluación de impacto regulatorio correspondiente.
Del mismo modo, no se requerirán los trámites contemplados en el párrafo primero del presente numeral cuando la Comisión, por resolución fundada, estime que estos resultan impracticables, innecesarios o contrarios al interés público.
4. Resolver los procedimientos sancionatorios que se originen como consecuencia de la formulación de cargos, aplicando las sanciones que correspondan, según el caso.
5. Autorizar las medidas a que se refieren los numerales 5 y 27 del artículo 5.
6. Dictar y modificar la normativa interna de funcionamiento del mismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8.
7. Formular al Presidente de la República, a través del Ministerio de Hacienda, las propuestas de reforma a normas legales y reglamentarias a que se refiere el numeral 24 del artículo 5.
8. Resolver acerca de la suscripción de convenios o memorandos de entendimiento a los que se refiere el numeral 23 del artículo 5.
9. Formular al Ministerio Público las denuncias que correspondieren por los hechos de que tomare conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones y que pudieren revestir caracteres de delito, sin perjuicio de los deberes generales que sobre la materia determina la ley.
10. Designar un inspector delegado, administrador provisional o liquidador, de conformidad con lo establecido, respectivamente, en los artículos 117 y 130 del decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y coordinado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos que se indican, según corresponda.
11. Elaborar, dentro del primer cuatrimestre de cada año, una cuenta pública anual en que se detalle el trabajo efectuado por la Comisión en el año inmediatamente anterior, incluyendo, entre otras materias, una evaluación general del comportamiento de los mercados que son objeto de su competencia, las acciones de la Comisión en materia normativa y regulatoria, la cantidad de sanciones impuestas y sus causas, el número de procedimientos sancionatorios en curso, su participación en el diseño de políticas públicas, los recursos empleados, el nivel de cumplimiento de los objetivos impuestos y los indicadores de desempeño utilizados, así como los desafíos y metas para el año siguiente.
12. Suspender provisionalmente, en casos graves y urgentes debidamente calificados, total o parcialmente, mediante resolución fundada, las actividades de una persona o entidad fiscalizada o la cotización o la transacción de uno o más valores, y adoptar, en general, cualquier medida preventiva o correctiva que disponga la ley, en los casos en que no se cumpla con las normas necesarias para el adecuado desarrollo de tales actividades o cuando así lo requiera el interés público, la estabilidad financiera o la protección de los inversionistas, depositantes y asegurados.
Con todo, en el caso de las entidades cuyas actividades se encuentran reguladas en virtud del decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y coordinado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican, la facultad de suspensión provisional de actividades descrita en este numeral, será ejercida de conformidad a lo dispuesto en dicha ley.
13. Dictar las resoluciones que se pronuncien respecto de la autorización de existencia, funcionamiento y fusiones o reorganizaciones de las entidades fiscalizadas, según corresponda y, en general, pronunciarse sobre cualquier otra autorización o inscripción que deba otorgar la Comisión dentro del ámbito de sus competencias.
14. Las demás funciones y atribuciones que ésta u otras leyes le encomienden.
El ejercicio de las facultades a que se refieren los numerales 1 a 12 del presente artículo corresponderán exclusivamente al Consejo, y no podrán ser delegadas a otros funcionarios o autoridades de la Comisión.
En todo caso, el Consejo podrá delegar determinadas facultades de administración, autorización, inscripción y funcionamiento en el presidente, otros Comisionados y demás autoridades o funcionarios de la Comisión, de acuerdo a lo establecido en su normativa interna de funcionamiento. Asimismo, el Consejo podrá conferir poderes especiales a funcionarios de la Comisión para la ejecución de determinados acuerdos. El Consejo podrá organizarse en comités para el cumplimiento de las funciones que la presente ley le asigna. Sin perjuicio del ejercicio de esta facultad, la responsabilidad y resolución definitiva de los asuntos y el ejercicio de las facultades relativas a la dirección superior de la Comisión recaerán siempre en el Consejo.
Joaquín Cortez, Presidente de la Comisión
En su calidad de Jefe de Servicio, el Presidente de la Comisión, tiene a su cargo la organización y administración de la Comisión. Además, le corresponde ejercer la vigilancia y control jerárquico de la actuación de su personal.
De acuerdo al artículo 21 del Decreto Ley N° 3.538, entre sus funciones, le corresponderá:
1. Ejecutar y dar cumplimiento a las normas y acuerdos adoptados por el Consejo.
2. Citar y presidir las sesiones del Consejo, así como establecer la tabla de materias a ser tratadas en cada sesión.
3. Informar al Consejo en forma periódica y, cuando alguno de sus miembros lo requiera, sobre la ejecución de las políticas y normas generales dictadas por dicho órgano, y darle cuenta sobre el funcionamiento y desarrollo de la institución. Además, mensualmente enviará a los miembros del Consejo una relación de los acuerdos cumplidos o por cumplir.
4. Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Comisión.
5. Suspender provisionalmente, en casos graves y urgentes debidamente calificados, la cotización o la transacción de uno o más valores de oferta pública, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 12 del artículo precedente. El presidente deberá informar al Consejo de la medida adoptada en la próxima sesión que se celebre, la que deberá citarse especialmente al efecto, a más tardar, para dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su adopción, y en la cual el Consejo deberá pronunciarse sobre la conveniencia de mantener o dejar sin efecto dicha medida.
6. Velar por el cumplimiento de las normas aplicables a la Comisión y adoptar las medidas necesarias para asegurar su eficiente funcionamiento.
7. Establecer, previa aprobación del Consejo oficinas regionales cuando el buen funcionamiento de la Comisión así lo exija.
8. Resolver la celebración de los actos y convenciones necesarias para el cumplimiento de los fines de la Comisión.
9. Delegar las atribuciones o facultades derivadas de su calidad de jefe de servicio en funcionarios de la Comisión.
10. La conducción de las relaciones de la Comisión con los organismos públicos y demás órganos del Estado y con las personas o entidades sujetas a la fiscalización de ésta, como también con las entidades supervisoras, reguladoras, autorreguladoras o participantes del mercado financiero nacionales, extranjeras o internacionales, sin perjuicio de las potestades que sobre el particular mantengan otros organismos del Estado.
11. Publicar la memoria a que se refiere el numeral 11 del artículo precedente.
12. Previa aprobación del Consejo, comunicar al Ministro de Hacienda, dentro de los plazos y de acuerdo a las modalidades establecidas para el sector público, las necesidades presupuestarias de la Comisión.
13. Las demás materias y atribuciones que se establezcan expresamente en ésta u otras leyes.
Integrantes del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
Rosario Celedón Förster, Vicepresidenta, es Abogada de la Universidad de Chile y Master en Derecho de la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos. Fue abogada senior de la Fiscalía del Banco Central de Chile, centrada en el análisis y desarrollo de iniciativas de regulación financiera y análisis jurídico de los proyectos de ley referidos al mercado de capitales y al sistema financiero.
Entre 2012 y 2014 fue Coordinadora de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda y directora ejecutiva del Consejo de Estabilidad Financiera (CEF). Anteriormente fue jefe de gabinete y asesora jurídica de la Superintendencia de Valores y Seguros entre 2010 y 2012. Antes de dedicarse al servicio público fue asociada senior de la firma de abogados Shearman & Sterling en Nueva York (2008-2009), trabajó en el estudio Carey Abogados (2002-2007) y en Barros, Court y Correa (1999), centrando su práctica en derecho corporativo y comercial, financiamiento y mercado de capitales. Es miembro del Colegio de Abogados de Chile y del Estado de Nueva York.
Christian Larraín Pizarro, Comisionado, es Ingeniero Comercial y Economista de la Universidad de Chile y Magister y Ph.D. (cand) de la Universidad Católica de Lovaina-La-Nueva, Bélgica. Ex miembro del Consejo Directivo del Comité del Sistema de Empresas Públicas (SEP) y ex socio de CL Group, consultora especializada en asesoría financiera para gobiernos, bancos centrales y empresas.
Se ha desempeñado como consultor internacional para el BID, FMI, Banco Mundial y PNUD. Cuenta con una amplia experiencia en asesorar a gobiernos y organismos reguladores del ámbito financiero en materia de reformas legales para la industria bancaria. Ha asesorado a la SVS, SBIF, Superintendencias de Seguridad Social y de Pensiones. Ha sido consultor del Ministerio de Hacienda de Chile y Coordinador en materia de banca y finanzas. En 2016 integró el Grupo Asesor convocado por el Ministro de Hacienda para realizar propuestas de modificación a la Ley General de Bancos.
Kevin Cowan Logan, Comisionado, es Ingeniero Comercial de la Universidad Católica de Chile y doctorado en Economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Estados Unidos. Fue Director Ejecutivo por Chile y Ecuador ante la Corporación Interamericana de Inversiones y Director Ejecutivo alterno por Chile y Perú en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Asesor Económico Regional para los países andinos en el BID, ocupó diversos cargos en el Banco Central de Chile, entre ellos, Director de la División de Política Financiera (2008-2013), coordinador de investigación de la División de Política Financiera (2007-2008) y, economista senior de la unidad de Investigación Económica (2005-2007). También se desempeñó como Economista en el Departamento de Estudios del BID (2002-2005) y Asesor en el Ministerio de Hacienda de Chile (1995-1998). En 2016 integró el Grupo asesor convocado por el Ministro de Hacienda para realizar propuestas de modificación a la Ley General de Bancos.
Mauricio Larraín Errázuriz, Comisionado, es Economista de la Universidad Católica de Chile, Magíster en Economía Financiera de la misma casa de estudios y Doctorado en Economía de la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos. Profesor de Finanzas de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ex socio de Larraín y Larraín, consultora especializada en gobierno corporativo, liderazgo y asesorías macroeconómicas y financieras.
Partió su carrera como Economista del Departamento de Estudios del Banco Central de Chile. Luego, fue Profesor de Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos.
Se ha especializado en el estudio de finanzas corporativas en economías emergentes y su ámbito de investigación se encuentra en los límites de las finanzas corporativas, la intermediación financiera y la economía del desarrollo. Su investigación ha sido publicada en las principales revistas académicas de finanzas. Ha presentado sus trabajos en las escuelas de negocios de las universidades Harvard, Chicago y Columbia; en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional.
