El Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortez, presentó hoy la Cuenta Pública institucional 2021, la última como máxima autoridad de la CMF.

En la oportunidad, Joaquín Cortez destacó la importancia del mandato institucional de la Comisión de velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública.

Recordó que de acuerdo al marco legal la dirección superior de la CMF está a cargo de un Consejo integrado por cinco comisionados y que la institución tiene cuatro funciones principales que permiten dar cumplimiento a su mandato: supervisora, normativa, sancionadora, estadística.

A diciembre de 2021 la Comisión fiscalizaba a más del 75% de los activos del mercado financiero (613 mil millones de dólares), equivalentes a 2,1 veces del PIB y a más de 7.000 entidades.

El Presidente de la CMF destacó que el año pasado la Comisión consolidó el proceso de integración, que involucró el desarrollo de una nueva entidad a partir del conocimiento y experiencia de las superintendencias antecesoras, para enfrentar la creciente complejidad del mercado financiero.

"La consolidación de un amplio perímetro de fiscalización, bajo un único supervisor integrado, impuso la necesidad de establecer prioridades institucionales en su organización y estructura, derivadas de su mandato legal, y que se resumen en tres pilares de igual importancia: prudencial, de conducta de mercado y de desarrollo de mercado".

Destacó además el avance del plan estratégico 2020-2022, que constituye el mapa de ruta de la Institución y estableció una nueva misión, visión, valores y objetivos estratégicos.

Ese plan consta de 32 iniciativas asociadas a cinco ámbitos de acción: regulación, supervisión de conducta de mercado, supervisión prudencial, institucional y régimen sancionatorio.

El Presidente de la Comisión sostuvo que durante 2021 la actividad del mercado financiero se desarrolló en un contexto económicamente complejo a nivel internacional y local, marcado por los impactos de la pandemia del Covid-19.

Subrayó que ha aumentado el costo de financiamiento a corto y largo plazo, el peso se ha depreciado y la bolsa local exhibe un desempeño inferior al de otros países.

Supervisión y Regulación

Pese a ello, Joaquín Cortez enfatizó que se observó un avance sustancial en el plan de trabajo de la Comisión. Así, indicó que los planes de supervisión prudencial y de conducta se completaron en un 100%.

Dentro de ellos destacó el inicio de la implementación de los estándares de Basilea III. En marzo del año pasado se realizó la primera calificación de bancos de importancia sistémica y en abril dichas entidades reportaron el primer Informe de Autoevaluación de Patrimonio Efectivo (IAPE).

En el ámbito normativo, Joaquín Cortez sostuvo también que la Comisión desarrolló una amplia agenda de perfeccionamientos regulatorios, que incluyó consultas públicas e informes de impacto con el fin de promover la transparencia y estimular la participación de la ciudadanía en tales procesos.

Precisó que esa agenda apuntó a tres líneas de trabajo: Medidas de apoyo ante la crisis sanitaria; perfeccionamientos en el ámbito prudencial, como la actualización del Compendio de normas contables para bancos; y perfeccionamientos al marco de conducta de mercado, entre ellos, la actualización al registro de instrumentos de deuda y la reglamentación asociada a la Ley de Agentes de Mercado.

Medidas de apoyo por crisis sanitaria

Respecto de las medidas para hacer frente a la crisis sanitaria destacó la flexibilización de clasificaciones de riesgo mínimas para las inversiones en renta fija; el financiamiento a empresas con garantía estatal; tratamiento de las provisiones de créditos comerciales; e indicaciones a la industria sobre cómo abordar los retiros previsionales, entre otros.

En el ámbito interno, destacó que los esfuerzos han estado asociados a asegurar la continuidad operacional y cautelar la seguridad de los funcionarios, lo que valió a la Comisión adjudicarse la distinción sello Covid-19 de la ACHS.

Joaquín Cortez subrayó que en el contexto de la pandemia la CMF aumentó su oferta de canales remotos para la atención de usuarios de servicios financieros y que el último año se observó un aumento importante en el número de atenciones, especialmente relativas al Informe de Deuda y gestión de reclamos.

Unidad de Investigación

En relación a la función sancionadora de la CMF, Joaquín Cortez detalló que la Unidad de Investigación de la Comisión le corresponde instruir las investigaciones y formular cargos por hechos susceptibles de infracciones administrativas.

La potestad de resolver dichos procesos y determinar la aplicación de sanciones es del Consejo de la CMF.

Así, indicó que durante 2021 se recibieron 208 denuncias, y se iniciaron 78 procedimientos sancionatorios. Por su parte, el Consejo cursó 77 sanciones, en su gran mayoría multas (86%).

"Se han realizado importantes avances institucionales en materia sancionatoria como la separación de las funciones de investigación y resolución; fortalecimiento de la capacidad de detección de ilícitos; fortalecimiento de la independencia de la Unidad de Investigación y su coordinación con el Consejo; focalización de recursos a infracciones de mayor identidad; adecuación de política sancionatoria; y fortalecimiento de la transparencia y responsabilidad de los agentes de mercado".

Destacó además la implementación de la regulación sobre denunciante anónimo, la cual fortalece la capacidad institucional de detección, constatación y/o acreditación de infracciones.

Desafíos 2022

El Presidente de la Comisión valoró también la positiva evaluación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial al sistema financiero chileno realizada durante 2021.

Señaló que dicha evaluación concluyó que el sistema financiero en Chile funciona bien y dentro de un marco regulatorio sólido, si bien se requieren perfeccionamientos en materias como: marco y herramientas macro prudenciales, inclusión y desarrollo financiero y gestión de crisis y resolución bancaria.

Respecto de los desafíos para este año, Joaquín Cortez dijo que existen algunos de carácter transversal como el escenario económico y el ciclo político; el mayor endeudamiento de los hogares sumado a políticas de créditos más restrictivas; el cumplimiento de la normativa sobre continuidad operacional y de atención al cliente por parte de las instituciones financieras y el riesgo de ciberseguridad.

En materia prudencial, subrayó la importancia de continuar la implementación de Basilea III; avanzar en un marco de resolución bancaria; implementación de la legislación sobre tasas de intercambio; la implementación de las modificaciones derivadas de la Ley de Agentes de Mercado; y avanzar en estándares de gestión de riesgo y solvencia en compañías de seguro.

En conducta de mercado, Joaquín Cortez mencionó la implementación de nuevos estándares en sostenibilidad; cierre de brechas en adopción de tecnología e innovaciones tecnológicas; la fiscalización de la industria de Asesoría Financiera Previsional (en conjunto con la Superintendencia de Pensiones) y de las Asesorías de Inversión; y monitoreo y regulación de interconexión de las bolsas de valores.